Verdad y Género

Artículo publicado en http://lumencop.com/2019/04/01/verdad-y-genero/

 

Uno de los derechos fundamentales de las víctimas y de sus familiares en procesos de justicia transicional – es decir, después de una dictadura o de un conflicto en un Estado- es la verdad sobre las violaciones de derechos que ocurrieron durante ese periodo. Conocer cuáles fueron las motivaciones para sus desplazamientos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y asesinatos, saber dónde están enterrados los cadáveres. Y esto no sólo es importante para las personas que fueron directamente afectadas sino también para la sociedad en general, pues contribuye, por una parte, a esclarecer los hechos, pero por otra a establecer las responsabilidades de los diferentes actores del conflicto, a favorecer escenarios donde se pueda pedir y recibir perdón y, en últimas, a impulsar la reparación del tejido social.

El derecho a la verdad surge a nivel internacional como respuesta a la falta de investigación, juzgamiento y sanción, por parte de los Estados, de casos de graves transgresiones contra el Derecho de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario[1]. Es una normativa que se deriva de la consciencia de que de la verdad en los procesos transicionales dependen la justicia, la reparación y la memoria histórica de los hechos. En la medida en que la sociedad pueda saber lo que realmente sucedió en el conflicto o en la dictadura que se está superando se puede generar el compromiso político de legitimar la defensa de estos derechos, asegurando las medidas jurídicas y presupuestales necesarias para que esta defensa sea real; incluyendo la perspectiva de género en la formulación de todas las políticas públicas, con un enfoque transversal; permitiendo la participación de todos los interesados y formando a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a los cuerpos policiales en el manejo de estos temas.

En ese orden de ideas se han generado en el mundo las Comisiones de la Verdad, que contribuyen a reivindicar este derecho tanto en forma individual como colectiva, teniendo en cuenta diferentes tipos de verdad. Está en primer lugar la verdad personal, por la cual las víctimas comparten sus historias de acuerdo con su propia memoria y percepción de lo que les aconteció. Son relatos que se alimentan de la evocación de sensaciones determinadas, del reconocimiento de los hechos como propios, ya que las experiencias que se recogen del conflicto o de la dictadura hacen parte de su identidad de hoy. La oportunidad de narrar los hechos desde su perspectiva y de que este relato sea tenido en cuenta les ayuda de alguna forma a ajustar cuentas con su pasado y les abre las puertas a que se les ofrezca una disculpa pública por el daño que les fue causado.

Por otra parte, está la verdad comunitaria que se teje a través de las memorias familiares, vecinales, barriales. En el marco de un mismo conflicto, una comunidad puede tener recuerdos de la guerra completamente contrarios a los de otra comunidad de una región cercana, por haber sido víctimas de grupos armados opuestos. La desconfianza que colectividades enteras generan ante ciertos actores puede diferir sustancialmente de las de otras por los diversos grados de legitimidad que éstos demuestran o por los comportamientos que hayan adoptado con relación a los distintos grupos humanos en la etapa del conflicto.

Y la verdad histórica se puede definir como el recuento en torno a periodos completos de la vida nacional. En el caso de los lapsos marcados por graves violaciones a los derechos humanos, es necesario que esa verdad no sea impuesta desde el gobierno sino que recoja lo sucedido desde las realidades personales y comunitarias. Muchas veces en el marco de los procesos transicionales los regímenes represivos reescriben la historia, negando las atrocidades que cometieron para legitimarse[2].

Derivada del Acuerdo de Paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como parte del Punto 5 correspondiente a Víctimas, se creó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, en el país. Su mandato es el de ofrecer, en tres años, una explicación de este conflicto tan complejo y duradero, reconociendo en su informe final las prácticas y los hechos que constituyeron graves violaciones a los Derechos Humanos y serias infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El Decreto 588 de 2017 que crea la Comisión da vida al Grupo de trabajo de Género de la misma, con el fin de asegurar que este tema sea tenido en cuenta de manera fundamental, no solo en la consignación de los hechos sino también en la forma de recibir las declaraciones. La Comisionada Alejandra Miller lo explica: “el Grupo de Género va a hacer unos protocolos particulares para guiar la forma de tratar casos de violencia sexual, por ejemplo, … que señalan que esos testimonios deben ser tomados por otras mujeres y en condiciones flexibles de confidencialidad”[3]. Tanto el enfoque como las metodologías específicas y el fácil acceso a las rutas de atención son vitales para no revictimizar a las personas que declaran, como ha sucedido repetidamente a través de la justicia ordinaria, lo que ha derivado en un subregistro de este tipo de delitos.

Esta nueva mirada, entonces, junto con el componente regional de la Comisión, da lugar a que los colombianos esperemos que cada relato sea tenido en cuenta en la construcción de la memoria histórica desde su particularidad. Sin embargo, “aquí no sólo se trata de que las víctimas puedan contar sus memorias, sino también de que los responsables de crímenes y hechos atroces acudan de manera voluntaria a reconocer sus faltas y a contar la verdad sobre estos hechos. Aquí la cuestión radica en que la Comisión debe consolidarse como un escenario de confianza para todos los actores con el fin de que sus espacios vinculen a la mayor cantidad posible de ellos” [4].

En estos momentos en los que se están dando los pasos iniciales de la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado, desde las víctimas y desde los victimarios, es vital encarar la situación de manera decidida pues tanto la violencia sexual como la violencia de género han golpeado profundamente a la sociedad colombiana. Y el reto es enorme, como lo demuestra el hecho de que solo hasta ahora, a 18 años de la masacre de El Salado, en el departamento de Bolivar, a través de la cual paramilitares entraron al pueblo torturando, violando y asesinando a buena parte de la población, la Corte Constitucional obligó al Estado –después que la justicia ordinaria hubiera evadido el tema- a reconocer a las víctimas de violencia sexual por esos hechos y a repararlas en consecuencia.

Vale aclarar que el concepto de violencia sexual es más amplio que el de la violación sexual, pues también contempla circunstancias como el acoso callejero, el desnudo obligado, los tocamientos sin el consentimiento de la persona, los matrimonios forzados y la trata de personas. Y aunque no solo las mujeres son víctimas de violencia sexual, estadísticamente hay colectivos especialmente vulnerables, como las niñas y las jóvenes, las mujeres transexuales, las migrantes y las empleadas domésticas.

La violencia de género, por su parte, obedece a una construcción social en la que se denigra a la mujer, colocándola, por principio, en una posición inferior a la del hombre. Y es claro que a este último también lo afectan estas concepciones culturales, que lo obligan a comportarse como un “macho”, desde una mirada patriarcal y descalificadora de la manifestación de sus sentimientos.

“El primer tipo de violencia, la directa, es definida como aquella que supone una agresión física, un asesinato, la tortura, una bofetada, una mutilación, una lesión física, entre otros. El segundo tipo de violencia, la estructural, es definida por aquellos actos de violencia generados por la estructura social y que impiden el cubrimiento de las necesidades básicas o la satisfacción de los Derechos Humanos, como aquellas que se originan en la desigualdad social, la inseguridad alimentaria y la falta de servicios básicos entre otros. Por último, la violencia de tipo cultural implica todos aquellos aspectos del ámbito simbólico (religión, cultura, lengua, arte, etc.) que se pueden utilizar para legitimar o justificar cualquier acto de violencia directa o estructural. En otras palabras, son aquellas manifestaciones dirigidas a sembrar una percepción de normalidad frente aquellas situaciones de violencia profunda”[5]. Y se ha demostrado que en las situaciones de conflicto estas violencias se exacerban.

En Colombia hay numerosos colectivos de mujeres que se han hecho sentir para que este tipo de realidades se expongan y de esta manera se puedan ir superando. La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz expresa que “las mujeres esperamos que pueda explicarse cómo la guerra es ineludiblemente patriarcal y cómo ese patriarcado se ensaña en contextos militarizados contra las mujeres a través del control de sus vidas, su cuerpo y su sexualidad… Es central que la historia de las mujeres víctimas sea contada en sus propias palabras, dando así a conocer los hechos específicos de la violencia, permitiendo exponer las diferencias en cuanto a la forma en que hombres y mujeres vivieron su experiencia como víctimas en la guerra”[6].

Y la Comisión de la Verdad desde las Mujeres, impulsada por la Ruta Pacífica de las Mujeres, publicó en el país su Informe en el año 2013. En él se recoge la experiencia de violación de los derechos durante el conflicto en relatos narrados por mujeres de diversas edades, de diferentes etnias y territorios, utilizando una “verbalización de la memoria que tiene así una doble intención: decir “lo que ocurrió” dando a conocer “lo que me ocurrió”[7].

Las anteriores iniciativas pretenden contrarrestar el hecho de que en general las Comisiones de la Verdad no se han dedicado al tema de la violencia sexual y de género en sus informes. En este sentido es interesante traer a colación el caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, establecida por el Presidente Alejandro Toledo en el 2001, que tuvo como tarea esclarecer lo ocurrido en ese país entre mayo de 1980 y diciembre de 2000. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados tanto por el Estado como por los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amarú se intensificaron con la llegada de Alberto Fujimori al poder y se constituían el objetivo de investigación de la Comisión.

Frente a los hechos violentos cometidos especialmente por las Fuerzas Armadas contra la población civil en ese país, los hallazgos que se fueron sacando a la luz revelaron un patrón de victimización explícito con relación a la violencia sexual, especialmente contra mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, lo que impulsó a los Comisionados a exponer de manera prioritaria estas agresiones que no solo afectaban a la mujer en sí misma, sino también y de forma brutal a su esposo, a sus padres, a sus hijos, a las comunidades en general. De manera similar, las Comisiones de la Verdad de Timor Oriental y de Marruecos lograron visibilizar este problema específico, lo que trajo como consecuencia la implementación de políticas públicas de reparación focalizadas en estas poblaciones.

Pero es necesario que en las Comisiones de la Verdad en concreto, y en los procesos transicionales en general se involucre en mayor medida a las mujeres, no sólo en su calidad de víctimas. El Informe del Consejo de Seguridad de la ONU sobre “Las Mujeres, la Paz y la Seguridad” expone esta idea sosteniendo, después de haber analizado 40 procesos de paz, que “existe una correlación positiva entre la participación efectiva y significativa de las mujeres en esos procesos, por un lado, y la celebración y sostenibilidad de las conversaciones y la aplicación de los acuerdos, por otro. En consecuencia, la participación de las mujeres marca un cambio en la dinámica porque pone sobre la mesa nuevos temas, refuerza los vínculos con las causas fundamentales de los conflictos y promueve una paz más sostenible”[8].

De acuerdo con lo anterior, el enfoque de género se ha venido implementando en el país a través de leyes y decretos que reconocen esta necesidad, tanto en el ámbito privado como en el público, y que se hace más imperiosa en esta etapa de posconflicto con las FARC para la consolidación de un nuevo tipo de Estado. El Informe Kroc resalta que “el Acuerdo Final contiene 122 disposiciones que comprometen a las partes a realizar acciones afirmativas específicas para asegurar el liderazgo y la participación de las mujeres en programas y entidades relacionadas al proceso de paz. Estas medidas abordan la discriminación estructural y el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres y las niñas”[9].

Lo que se debe esperar, entonces, es que todos estos esfuerzos no se queden en la dimensión formal, la de las leyes, los decretos y las disposiciones o en diversos programas estatales que empiezan a funcionar de forma desarticulada, sino que se traduzcan en primer lugar en restablecer el derecho a la verdad y en consecuencia en un goce efectivo de derechos por parte de las víctimas de la violencia sexual y de género del conflicto armado en Colombia, que permee las estructuras culturales que permitieron que estos hechos se llevaran a cabo.

[1] Este Derecho a la Verdad Jurídica surgió en la normativa internacional en el marco del Derecho Internacional Humanitario, en los artículos 32 y 33 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginera de 1949 y de 1977, vinculado a las obligaciones que incumben a las partes en los conflictos armados a buscar a las personas dadas por desaparecidas y a reconocer el derecho que asiste a las familias a conocer la suerte de sus miembros. Al deber de los gobiernos a proporcionar la verdad a la sociedad.

[2] Centro Internacional para la Justicia Transicional  https://www.ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/verdad-y-memoria

[3] https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/si-los-agresores-no-hablan-la-verdad-sera-la-de-las-mujeres-alejandra-miller

[4] http://palabrasalmargen.com/edicion-126/ocho-retos-politicos-de-la-comision-de-la-verdad/

[5] Caireta Sampere, Marina; Barbeito Thonon, Cécile; CUADERNOS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ, Introducción de conceptos: paz, violencia, conflicto, Escola de Cultura de Pau, Universidad Autónoma de Barcelona, 2005, página 11

[6] https://colombia2020.elespectador.com/opinion/la-comision-de-la-verdad-y-las-mujeres

[7] Informe “La Verdad de las Mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia”, G2 Editores, Bogotá, Colombia, noviembre de 2013, página 13

[8] Informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre “Las Mujeres, la Paz y la Seguridad”, septiembre de 2015

[9] Kroc Institute for International Peace Studies, “Informe sobre el estado efectivo de implementación sobre el Acuerdo de Paz en Colombia”, Universidad de Notre Dame, noviembre de 2017

¿Qué es una Comisión de la Verdad?

 

Como parte del punto de Víctimas en el marco del Acuerdo de Paz entre las FARC -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- y el gobierno, se anunció la creación de una Comisión de la Verdad.  Se trata de un foro donde se sacarán a la luz los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en razón del conflicto, no sólo de manera escueta, que es lo que tradicionalmente se conoce, sino exponiendo sus contextos y los actores responsables de los mismos – muchas veces de la sociedad civil, que apoyaron económicamente a los grupos armados-, con el fin de garantizar un relato veraz de los hechos. Leer más

Diálogos sobre los diálogos de La Habana

En el Conversatorio organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque pudieron interactuar los estudiantes con los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre lo adelantado en los diálogos entre el Gobierno nacional y el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Rastrear Indicios

Mi propuesta para esta ponencia, expuesta en el Congreso Interdisciplinario Mapping Traces en la Universidad Nacional, era que, así como hay improntas dejadas por el arte, entre otros medios, sin las cuales no se entendería la realidad presente, también hay descripciones y categorías que deben ser repensadas para que esta transición política abarque de una forma más completa el escenario del post conflicto.

¿Por qué solo el oso andino?

En los centros de acogida de animales del país se pueden encontrar perros quemados, gatos mutilados y caballos con las costillas rotas por los golpes. ¿Por qué no hay una ley que penalice a los responsables?

Haz click en el siguiente enlace para seguir leyendo al respecto:

http://www.semana.com/opinion/articulo/por-que-solo-oso-andino/122032-3

¿Cuál es el cuento del «otro»?

A pesar del gran desarrollo que existe en la legislación internacional acerca de la protección de los derechos de las minorías, la situación de la población gitana en Europa es a todas luces discriminatoria.

Haz click en el siguiente enlace para leer más al respecto:

http://www.semana.com/opinion/articulo/cual-cuento-del-otro/120671-3

Contra la pared

Alrededor del tema de la migración se han oído distintos argumentos. Que sin el trabajo de los inmigrantes los países del Primer Mundo no habrían podido desarrollarse como lo han hecho, porque ellos constituyen una mano de obra invaluable. Y que los habitantes de las naciones desarrolladas han obtenido sus beneficios sociales a costa de grandes luchas y por lo tanto es justo que se favorezcan de éstos los que tienen la ciudadanía y no todo el que vaya llegando. Ambos pueden ser ciertos.

Haz click en el siguiente enlace para leer más al respecto:

http://www.semana.com/opinion/articulo/contra-pared/118420-3