Situación de los presos colombianos en el exterior

SITUACION DE LOS PRESOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

 

Por Beatriz Eugenia Vallejo Franco

 

Los presos colombianos en el exterior tienen derechos inalienables, respaldados tanto por el Estado colombiano como por los diferentes países donde están pagando sus condenas y por instancias superiores como la Organización de Naciones Unidas. Son derechos genéricos, que no pierden por su condición de condenados, pero también derechos específicos relacionados con esta circunstancia.

Como se verá más adelante con base en diversas fuentes, a pesar de que en el aspecto formal los reclusos colombianos que están pagando sus penas en cárceles extranjeras tienen la garantía del respeto a sus derechos, en la vida cotidiana soportan su constante violación. Además de derechos fundamentales, como no ser víctimas de maltratos físicos o que no se les dilaten indefinidamente sus procesos judiciales, se les está afectando el derecho a la repatriación, que es una herramienta respaldada por tratados internacionales y que permite una mejor resocialización de los reclusos. En su país de origen, los presos pueden ser visitados por sus familias, lo que se convierte en un gran apoyo.

Un antecedente de la figura jurídica de la repatriación es el “Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas”, elaborado en el Consejo de Europa el 21 de marzo de 1983, y cuyo fin es el de “desarrollar la cooperación internacional en materia penal…dicha cooperación debe servir a los intereses de una buena administración de justicia y favorecer la reinserción social de las personas condenadas…esos objetivos exigen que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen…considerando que el mejor medio para ello es trasladarlos a sus propios países”[1].

El Consejo considera este procedimiento de gran importancia para garantizar los derechos de los reclusos: “es justamente el medio para evitar mejor las dificultades…que se presentan para el tratamiento de los reclusos extranjeros a consecuencia de la separación de su familia y su medio cultural”[2]. Este tipo de Tratado se ha implementado en muchos países, como México, España y China, por ejemplo, con los mismos argumentos.

Las cifras que sirvieron de base para este estudio varían, como es lógico, todos los días, pero tomando una fecha determinada se puede hacer un diagnóstico de la composición de la población carcelaria colombiana en el exterior, concretamente sobre cuántos presos colombianos están pagando sus penas en cárceles extranjeras y cómo se dividen según los criterios de sexo, condenas por narcotráfico y condenas por delitos ajenos al narcotráfico, por una parte en América y por otra en el resto del mundo, lo que ofrece una visión global sobre la cantidad y el tipo de personas de las que se está hablando. Las siguientes gráficas se elaboraron con datos proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores[3].

 

PORCENTAJE DE COLOMBIANOS PRESOS EN AMERICA

 

 

PORCENTAJE DE COLOMBIANOS PRESOS EN EL RESTO DEL MUNDO

 

NÚMERO DE COLOMBIANOS PRESOS EN AMERICA, CLASIFICADOS POR SEXO

 

NÚMERO DE COLOMBIANOS PRESOS EN EL RESTO DEL MUNDO, CLASIFICADOS POR SEXO

 

NÚMERO DE COLOMBIANOS PRESOS EN AMERICA, CONDENADOS POR NARCOTRAFICO

 

NÚMERO DE COLOMBIANOS PRESOS EN AMERICA, CONDENADOS POR DELITOS AJENOS AL NARCOTRAFICO

 

NÚMERO DE COLOMBIANOS PRESOS EN EL RESTO DEL MUNDO, CONDENADOS POR NARCOTRAFICO

 

NÚMERO DE COLOMBIANOS PRESOS EN EL RESTO DE MUNDO POR DELITOS AJENOS AL NARCOTRAFICO

 

Derechos protegidos solo a nivel formal:

La Constitución colombiana garantiza la protección de los derechos fundamentales a todos los ciudadanos, incluida la población carcelaria, y esto se extiende a los presos recluidos en el exterior, no solo porque no pierden su calidad de ciudadanos colombianos, sino también debido a acuerdos bilaterales específicos y a la normatividad de entes supranacionales, como la Organización de Naciones Unidas.

Las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento al Delincuente de 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social[4], establecen un acuerdo sobre los principios básicos de conducta por parte de las autoridades competentes hacia la población carcelaria y unas formas de organización penitenciaria dignas, que son aplicables en cualquier cultura, dentro del espectro mundial de condiciones jurídicas y sociales.

Más adelante, el “Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988, en primer lugar ratifica que los derechos de la población carcelaria no se suspenden debido a su condición y que debe haber una discriminación positiva a favor de las mujeres embarazadas, las madres lactantes, los jóvenes, las personas mayores, los enfermos y los minusválidos que se encuentren privados de la libertad.

Con el objeto de averiguar por la situación de bienestar y de disfrute de los derechos de los presos colombianos en el exterior, se envió una encuesta para que fuera respondida por todos los consulados de Colombia en el mundo. Sin embargo, solo respondieron los siguientes consulados: el de Buenos Aires, Argentina; el de La Habana, Cuba; el de San Fernando de Atabapo, Amazonas, Venezuela; el de Aruba, Antillas Holandesas; el de Kingston, Jamaica; el de Colón, Panamá; el de Nueva Loja, Ecuador (tiene también jurisdicción en la cárcel de Tena); el de Esmeraldas, Ecuador; el de Asunción, Paraguay y el de Boston, Estados Unidos (tiene también jurisdicción en las prisiones de los Estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island y Massachussets).

Y las conclusiones no son las más alentadoras. A la luz del “Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la población carcelaria colombiana que está pagando sus penas en el exterior se le están violando muchos de sus derechos, según las respuestas de los mismos Cónsules, las denuncias del Movimiento Mira, de la Pastoral Penitenciaria Católica, de artículos periodísticos y de la misma población de presos y sus familias.

El Principio 17 del citado documento de la Asamblea General de la ONU proclama que “las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado…La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá derecho a que un juez u otra autoridad le designe a un abogado en todos los casos que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo para él si careciere de medios suficientes para pagarlo”.

La asistencia o asesoría jurídica para los colombianos detenidos en el exterior es un derecho establecido en la ley 76 de 1993 y reformada por la Ley 991 de 2005: “Las Oficinas Consulares de la República en cuya jurisdicción la comunidad colombiana existente estimada sea superior a diez mil (10.000) personas, deberán contratar profesionales especializados para prestar orientación y asistencia jurídica y/o social, a los connacionales que se encuentren en la respectiva circunscripción consular. Parágrafo: Podrá prestarse el servicio de que trata el inciso anterior cuando la comunidad colombiana existente sea menor a diez mil (10.000) personas y cuando las circunstancias lo requieran y a solicitud del Cónsul respectivo y previo concepto favorable de la Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el exterior”.

La anterior ley también establece que las Oficinas Consulares deben ayudar a los colombianos en el exterior en la defensa de sus derechos humanos, asistiéndolos en casos de discriminación y procurando la observancia, de acuerdo con los principios internacionales y con la respectiva legislación, del debido proceso, del derecho a la defensa y de las garantías procesales, entre otras obligaciones.

Todos los Cónsules encuestados afirman que están cumpliendo con esta norma. Sin embargo, la Senadora Alexandra Moreno Piraquive, del Movimiento Mira, ha denunciado, con testimonios que ha recogido en cárceles de otros países, que los colombianos tienen que contratar costosos abogados externos, porque no es cierto que cuenten con la Asesoría Jurídica, y que muchos de estos abogados les roban el dinero. Aquí el principio del Debido Proceso, que es un derecho fundamental, está en juego.

Por su parte, Ana Georgina Charry, quien trabajó en el Consulado colombiano en Londres, comenta que los presos colombianos allí, y en general en el exterior, están bastante abandonados, en el sentido de que los Consulados, si mucho, pueden contratar con Organizaciones No Gubernamentales, consultorios jurídicos o abogados particulares visitas muy eventuales de asistencia legal. Y en la parte humanitaria, las visitas y las soluciones a problemas cotidianos se reducen al buen corazón de uno que otro funcionario, como un compromiso personal, pues no es una tarea laboral específica de este tipo de oficinas. Reafirmando esta idea, Fredy Cardona, de la Pastoral Penitenciaria Católica[5], dice que ha tenido muchas veces la oportunidad de comprobar que los Consulados colombianos no pueden cubrir de manera adecuada los requerimientos de los reos y pone el ejemplo del de Nueva York, que con dos personas debe cubrir a una población de dos mil quinientos presos colombianos. Esta es una de las razones por las que los procesos se dilatan mucho más de lo debido.

La Senadora Alexandra Moreno afirma que su oficina conoce de aproximadamente 8.000 casos en los que no se les ha garantizado el debido proceso a colombianos presos en el exterior, sobre todo en la no resolución de su situación jurídica y básicamente en España, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. “A los colombianos presos se les ha vulnerado los derechos consagrados en las Convenciones de Viena sobre relaciones Diplomáticas (1961) y consulares (1963), así como en la Declaración internacional de derechos civiles y políticos”, afirma. Ella aporta el siguiente cuadro a esta investigación, que su despacho realizó con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los Consulados colombianos en los países relacionados:

 

País Colombianos presos
Investigados Procesados Sentenciados TOTAL
Estados Unidos 381 1311 6202 7894
España 1065 1243 2784 5134
Venezuela 302 1366 593 2261
Ecuador 112 754 463 1329
Panamá 3 396 135 534
Italia 58 113 35 206

 

Por otra parte, a excepción de los Cónsules de Boston, La Habana y Aruba, las encuestas denuncian el gran hacinamiento en el que viven los presos: “En el Centro de Rehabilitación Social de Tena existen alrededor de 200 internos, en un establecimiento que es para 100. En el Centro de Detención Social de Nueva Loja hay cuartos de 12 metros cuadrados que albergan alrededor de 10 detenidos. Es importante continuar con las políticas para la repatriación de presos del Ecuador hacia las cárceles colombianas, toda vez que las condiciones en que se encuentran recluidos en Ecuador son pésimas e infrahumanas”, afirma el Cónsul de Colombia en Nueva Loja, Ecuador, Jorge Arciniegas Erazo.

Denuncia el Movimiento Mira, a través de un video grabado en la cárcel de varones de Quito, Ecuador, que no hay pabellones clasificados según la peligrosidad de los internos y que en una estructura para 300 personas conviven 750, de las cuales 100 son colombianos. Los presos entrevistados describen la prisión como una “bodega humana”, sin ninguna posibilidad de hacer ejercicio ni de llevar a cabo una rehabilitación social. Y la Senadora Alexandra Moreno informa para la presente investigación: “Conozco en forma directa de los colombianos que se comunican permanentemente con mi oficina en el Congreso sobre los malos tratos, el encierro total, la inasistencia medica y la mala calidad de la comida suministrada, que en muchos casos es servida en estado de descomposición o incluso hasta con piedras, situación que me ha sido informada de cárceles en Brasil, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Perú. A partir de las denuncias recibidas por nuestros connacionales presos en el exterior, decidí evidenciarlo personalmente mediante visitas a las cárceles de Ecuador, Panamá y Costa Rica donde la violación a sus derechos fue palpable solo con ver las condiciones infrahumanas de su reclusión. Encontré casos inexplicables de colombianos con varios meses de prisión sin que se les definiera aun su situación jurídica, personas privadas de la libertad por estar indocumentadas, así como enfermos y adultos mayores que están allá en malas condiciones de salud y de trato. Lo más difícil fue conocer niños que acompañan a sus madres a cumplir con su pena en una de las cárceles de Ecuador”.

El Vicecónsul en Esmeraldas, Ecuador, Freidor Homero Calvachi, dice, refiriéndose no solo al espacio que ocupan, sino también a la convivencia de presos peligrosos con personas detenidas por delitos menores: “hay dos centros de detención aquí, pero no por nivel de seguridad. Un centro es para varones y otro para mujeres, pero por hacinamiento hay varios hombres en la cárcel de mujeres”. En su numeral 8, el “Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión” de la ONU es muy claro al respecto: “Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles”.

Por eso, y porque denuncian agresión por parte de los otros presos y de los mismos guardias, además de las mencionadas lentitud en sus procesos judiciales y falta de atención a sus necesidades básicas, buena parte de los colombianos internos en las cárceles ecuatorianas quisieran ser repatriados. Sin embargo, otros internos colombianos en el Ecuador no están interesados en la repatriación, básicamente porque tienen familiares cerca, en Sucumbíos o en el Putumayo, línea de frontera.

“En Aruba se da un trato excelente a los internos, son muy respetuosos de sus derechos (sistema europeo, dado que es territorio holandés). A la vez el reglamento se cumple inexorablemente, lo que hace la cárcel muy dura. Las tres restricciones que hacen esta cárcel más dura que las colombianas son el hecho de que no exista visita conyugal, la restricción del uso del teléfono a tres llamadas al mes, sea que las efectúen o las reciban, y la falta de trabajo y estudio para ocupar a los internos durante su reclusión”, sostiene el Cónsul de Colombia en Aruba, Mayor General ® Ricardo Emilio Cifuentes. Esto contradice el Principio 15 del documento mencionado, que afirma que “no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o de su abogado, por más de algunos días” y el Principio 28, que proclama que “la persona detenida o presa tendrá derecho a obtener, dentro de los límites de los recursos disponibles si se trata de fuentes públicas, cantidades razonables de materiales educacionales, culturales y de información, con sujeción a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión”.

Ante la pregunta de que si se han recibido quejas de maltrato por parte de los colombianos que están pagando sus penas en el exterior, el Primer Secretario Encargado de Funciones Consulares de Colombia en Buenos Aires, Argentina, Álvaro Calderón Ponce de León, reporta que “dentro de la generalidad, se ha observado que se presenta un maltrato en la etapa de ingreso, pero este maltrato se presenta, no por las autoridades carcelarias, sino por parte de los internos, según lo han expresado los detenidos colombianos”. También informa de un caso de agresión por parte de un guardia, luego de la cual el Consulado tomó medidas como la denuncia del carcelero y la atención médica al detenido. Por otra parte, da a conocer el caso de cuatro colombianos que estuvieron en la cárcel de esa ciudad sin que se les asignara un tribunal competente por el periodo de 3 años y 5 meses, cuando la oficina Consular intervino en su ayuda para que se acelerara el proceso, lo que tardó varios meses más. “Pero la resolución de la sentencia aún no ha sido entregada al Consulado, pese a las múltiples solicitudes”.

Jorge Arciniegas Erazo, Cónsul de Colombia en Nueva Loja, Ecuador, añade en su comunicado: “Hemos recibido quejas de maltrato físico a los connacionales por parte de los agentes investigadores (no de guías penitenciarios). Se ha pedido a la Defensoría del Pueblo de esta Jurisdicción realizar vigilancia procesal y se ha enviado un escrito de denuncia a la Comandancia de la Policía de Sucumbíos, pidiendo abrir investigación de carácter interno para determinar si hubo tortura en contra de los denunciantes y un escrito de vigilancia para que se respete el debido proceso”.

En cuanto a los servicios a los que tienen derecho los presos, los Cónsules denuncian carencias graves, que contradicen abiertamente la ley. El de Esmeraldas, Ecuador, Freider Homero Calvachi, comenta, al ser consultado sobre el sistema de salud: “Es pésimo. El consultorio no cuenta con espacio físico adecuado; falta recurso humano y material. No hay dotación de medicinas”. El Cónsul de Nueva Loja, Ecuador, Jorge Arciniengas Erazo, dice al respecto: “Puedo manifestar que los detenidos en esta jurisdicción no reciben la atención básica, peor aún atención complementaria”. Y el Primer Secretario Encargado de Funciones Consulares en Paraguay, Ramón Elías Carmona, no duda en calificar el cubrimiento en salud de los presos colombianos allí como “deficiente”, el mismo adjetivo que utilizó, para referirse a este tema, el Cónsul de Colombia en Jamaica, Carlos Valero, mientras el de Colón, Panamá, lo describe como “precario, no hay atención oportuna”.

El Director Ejecutivo de la Pastoral Penitenciaria Católica, Fredy Cardona, habla sobre la situación de una cárcel que tuvo la oportunidad de conocer en Bolivia, donde se encuentran decenas de colombianos. Afirma que el lugar de reclusión es como un barrio de invasión y las celdas son casas de cartón y de latas, rodeadas de rejas se seguridad que encierran el conjunto. El numeral 10 del mencionado Documento de la ONU afirma: “Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación”.

Ante esta cantidad de situaciones anómalas, la pregunta es: ¿por qué los Consulados colombianos en el exterior no están cumpliendo sus funciones para defender los derechos de los connacionales detenidos en cárceles de otros países, lo que tienen obligación de hacer según la ley? El Cónsul de Colombia en Colón, Panamá, afirma: “Considero importante que el trámite en cuanto a los repatriados sea mucho más diligente al que existe en el momento”. Y el Representante a la Cámara Manuel Vives, en un debate en el Congreso de la Comisión Accidental Migratoria, afirmó: “Hay necesidad de reformar el sistema consular colombiano; el sistema consular colombiano es un sistema obsoleto, creado hace mucho tiempo cuando Colombia no era un país de emigrantes”[6].

Existe otra situación complicada de presos colombianos en el exterior relacionada con la expulsión masiva de inmigrantes de la Unión Europea, pues por el tono de las iniciativas legislativas que se han ido implementando allí, se puede equiparar a esta población con terroristas o traficantes ilegales. Las personas próximas a ser deportadas son detenidas en los llamados “Centros de Entrenamiento” en los que hay nacionales de diversos países. Allí los inmigrantes son aislados, no pueden recibir visitas durante cuarenta días y pueden permanecer hasta 18 meses.

En Estados Unidos también, antes de la deportación, las personas permanecen mucho tiempo recluidas, aunque por ley el tiempo máximo es de 90 días. Allí se mezclan asesinos con simples indocumentados, sin ningún tipo de distinción. Alberto, un colombiano que vivió esta situación, comparte con “Conexión Colombia”: “Entre los hispanos, a los que nos toca más duro es a los colombianos y a los dominicanos”[7]. Esto se debe al estigma al que se ven sometidos por causa del tráfico de drogas.

 Y los viajes de vuelta a Colombia después de esas detenciones, en los que los colombianos siguen a cargo de autoridades extranjeras, son duros. El siguiente es el testimonio de Margarita Viela, quien trabajó con la ONG Fundación Esperanza: “A finales del mes de junio de 2006 llegó al aeropuerto El Dorado un charter con deportados de España…“Fue terrible. Los del DAS en el aeropuerto tuvieron que formar una barrera humana entre los colombianos y los policías españoles que venían custodiándolos en el avión, porque los colombianos los iban a linchar apenas les quitaron las esposas. Llegaron cortados por venir esposados de pies y manos durante las trece horas de vuelo y muchos venían golpeados también”. Cuenta adicionalmente que la mayoría venía sin plata y sin papeles, porque según ellos las autoridades españolas se los habían quitado y nunca se los habían devuelto. A Margarita le impresionó que los deportados de ese vuelo fueran tan jóvenes. Algunos seguramente se habían ido del país antes de haber sacado la cédula”[8].

 

La repatriación, un camino lleno de obstáculos

Colombia ha firmado leyes de repatriación que permiten que los ciudadanos colombianos que han cometido delitos y estén pagando condenas en otros Estados puedan ser trasladados al país una vez hayan cumplido el 50% de la pena. El incentivo para ellos está en que sus familias los puedan visitar en la cárcel y en que no sean tratados como extranjeros, trato que en las prisiones de muchos países es denigrante. Cita el periodista Mauricio Aranguren, quien por un error fue detenido por un mes en una cárcel mexicana y escribió un libro al respecto, que los constantes maltratos y vejámenes se enmarcaban siempre en una frase aplastante que le repetían sus carceleros: “aquí las pruebas de un colombiano no cuentan”[9].

En el marco del Seminario Anual del “American Law and Economics”, que se llevó a cabo en Estados Unidos en abril del 2007, se presentó el estudio “Statistical Discrimination in the Criminal Justice System: The case for Fines Instead of Jail”. Philip A. Curry y Tilman Klummp, sus autores, afirman que durante los juicios en ese país la discriminación por factores como la raza y el país de origen es evidente, agregando que cuando un miembro de un grupo que ha cometido muchos crímenes es objeto de una sentencia, el prejuicio que había en principio contra él se convierte en una condena más larga[10].

Los Tratados sobre el Traslado de Personas Condenadas para Ejecución de Sentencias Penales han sido suscritos en Colombia con España (Ley 285 de 1996[11]), Venezuela (Ley 250 de 1995[12]), Panamá (Ley 291 de 1996[13]) y Ecuador (Acuerdo 2584 de 2004) y son de doble vía, pues los nacionales de esos países pueden recurrir al mismo beneficio para acabar de pagar las penas en sus países. Con Estados Unidos, donde hay más personas colombianas detenidas, no hay Convenio; de este país, sin embargo, se dan muchas deportaciones.

En enero de 2008 el presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso a la Asamblea Constituyente de ese país que se les otorgara indulto a las personas que están condenadas por transportar droga en pequeñas cantidades, conocidas como “mulas”. La medida sería quienes hayan cumplido por lo menos un año de prisión y no sean reincidentes. Muchísimos colombianos están recluidos en cárceles ecuatorianas por este motivo y se convertirían en potenciales beneficiarios. Su argumento es que estas personas no son delincuentes: “Generalmente se trata de personas desempleadas, madres solteras, hermanas y hermanos agobiados por el peso de la miseria”, afirmó en su discurso. Y añadió: “Las personas que fueron apresadas por transportar pequeñas cantidades de droga no pueden recibir el mismo trato legal que los grandes narcotraficantes”. Sin embargo, propuesta no se ha definido.

Con Costa Rica se firmó el Tratado (Ley 404 de 1997)[14], pero por negligencia del Estado colombiano, que ha dilatado un Canje de Notas, todavía no se ha implementado y de hacerse beneficiaría a muchísimos colombianos presos allí, que están esperando ávidamente su puesta en marcha. Y con Perú hay conversaciones incipientes para firmar un Convenio en este sentido.

Las rebajas de penas por causas como buena conducta, trabajo o estudio que le sean concedidas en el país en el cual se cometió el delito, le deben ser reconocidas a la persona en el momento en que sea trasladada a su país de origen, y nunca se le puede aumentar la pena en el Estado receptor. Se dará prioridad para el traslado a las personas que sufren de una enfermedad grave, que tienen una situación familiar particular o que su edad sea muy avanzada y el Estado donde la persona está pagando la pena debe encargarse de sus gastos de traslado hasta el momento de su entrega a las autoridades en el Estado receptor.

El pedido de traslado debe hacerse por escrito y con exposición de los motivos por parte del condenado, teniendo en cuenta que estas leyes tienen varias excepciones para su aplicación: “No podrán acogerse a los beneficios del traslado de personas condenadas los nacionales de una Parte que sean residentes permanentes en el territorio de la otra Parte; los sentenciados por un delito que no esté tipificado en ambas Partes; quienes tengan pendiente en el Estado trasladante (Estado donde haya sido dictada la sentencia condenatoria y del cual la persona condenada haya de ser trasladada) otros procesos penales; quienes tengan pendiente en el Estado trasladante el pago de indemnizaciones por responsabilidad civil, a no ser que el solicitante demuestre la absoluta incapacidad de cumplir con el pago de la sanción impuesta por motivos de pobreza; las personas condenadas respecto de las cuales exista una solicitud de extradición hecha por un tercer Estado, que se encuentre en trámite o que haya sido acordada”[15]. También se considera como un impedimento para el traslado que el delito por el cual está condenada la persona sea de tipo político.

En el 2003, a través de la Resolución Interna 22/45, se creó el Comité de Repatriación en el Ministerio del Interior y de Justicia, que empezó a funcionar en diciembre del 2004. Este Comité se reúne trimestralmente y está compuesto por un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario) y uno de la Secretaría Técnica, que está a cargo del Despacho del Viceministro del Interior y de Justicia. La idea es que estudien, caso por caso, las solicitudes de repatriación que se vayan presentando y resuelvan si las aceptan o no.

Un caso humanitario en el que no funcionó ningún tratado de repatriación como tal, pero que movió al Estado colombiano en torno al proceso de dos personas presas en el exterior, fue el que se resolvió en julio del 2007. Los afectados eran Juan José Corrales y Óscar Posada, colombianos que habían sido detenidos en El Cairo en septiembre de 1986 y estaban condenados a pena de muerte por transportar 436 gramos de cocaína. Después de casi 21 años de cárcel en unas condiciones infrahumanas, entre las que se contaban trabajos forzados, se necesitaron 34 notas diplomáticas, muchas entrevistas con políticos egipcios que emitieron numerosas negativas y la intervención del Presidente Álvaro Uribe Vélez, para que retornaran a Colombia.

Se da, sin embargo, la otra cara de la repatriación. La Organización No Gubernamental Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) la muestra en un Documento de la publicado en abril de 2006 sobre las repatriaciones a colombianos que, provinentes del departamento del Chocó, llegan a Panamá para refugiarse del acoso de los grupos armados que operan en la zona. Son colombianos que, aunque no estén en prisión, son vistos por las autoridades panameñas como una amenaza potencial para su seguridad. Los investigadores de Codhes denuncian que estas personas están desprotegidas y son devueltas a medios donde peligra su vida. “Más que una política en materia de asilo, la respuesta del gobierno de Panamá se ha dirigido a promover las repatriaciones…y a aplicar medidas administrativas unilaterales…desconociendo los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad”[16].

En cuanto a las repatriaciones regulares de presos en el exterior, según la delegada por la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior y de Justicia para suministrar la información, Isabel Caicedo, se han ido disminuyendo las aprobaciones debido, por una parte, a que los trámites son muy engorrosos y por otra, a que los otros Estados argumentan que no tienen dinero para el viaje y Colombia alega lo mismo. Una persona, según los Tratados suscritos, puede sin embargo volver a pedir la repatriación, “siempre y cuando no persistan las causales de denegación”.

Los familiares de los reos, cuando la causa es falta de dinero por parte de los países, deben conseguir los recursos (aproximadamente la suma de doscientos cuarenta dólares, más los tiquetes del detenido y los de ida y vuelta de dos guardias que lo acompañan). Casos de extrema gravedad, como los que contempla la ley, han sido rechazados. La misma Secretaría admite que las familias de los internos, ante la necesidad de dinero para el traslado, recurren a Organismos No Gubernamentales para conseguirlo y el Movimiento Político Mira ha recogido testimonios de presos colombianos en el exterior que aseguran que sus allegados hacen rifas y eventos para recaudar los fondos del viaje, pero que en muchos casos, ante la imposibilidad de cumplir con estos pagos, simplemente desisten de la petición.

Otra razón para la negación a los pedidos de repatriación es el hacinamiento tan impresionante que se da en las cárceles colombianas. Alega esta Secretaría que en España y Venezuela los internos no necesitan el tiempo mínimo del pago del 50% de la pena para pedir la repatriación, lo que agrava la situación. Pero la mayoría de los presos que están pagando sus condenas en España no hacen valer este derecho, pues allá pueden trabajar desde la obtención de la libertad condicional y prefieren quedarse.

Fredy Cardona, Director Ejecutivo de la Pastoral Carcelaria Católica, afirma que los presos que vuelven al país a través del mecanismo de repatriación efectivamente lo deben hacer recurriendo a donaciones y que muchos de los que lo han logrado con los costos cubiertos por el Estado que los aprehendió son de provincia, pero el traslado se termina en Bogotá. Obviamente son personas que llegan sin nada de dinero en el bolsillo y deben seguir hasta sus lugares de origen por su cuenta. La Pastoral tiene un programa para recogerlos en el aeropuerto y ofrecerles albergue por máximo cinco noches, a ver si se pueden comunicar con alguien que los ayude desde ese punto. También ha logrado organizar cursos de capacitación para que después estas personas puedan prepararse y tener sus propios negocios, porque sobre ellos pesa un estigma social enorme y conseguir empleo es prácticamente imposible. Él denuncia, a través de largos años de trabajo con esta población y visitas a muchas cárceles en el exterior, situaciones extremas que deben soportar los colombianos allí y que los inducen a pedir con anhelo la repatriación, como hacinamiento en unos casos, total aislamiento en otros, hambre y malos tratos -afirma que incluso hay algunos internos connacionales en los países árabes con cepos y cadenas-, por no hablar de la dilatación de sus procesos y de que los días de visita deben permanecer solos. “Era tal la desesperación y la tristeza que muchas veces me golpeaba contra las paredes hasta quedar inconsciente”, dice, a través de una carta a la Pastoral Carcelaria -que les escribe en las navidades-, un reo colombiano que está pagando su pena en una cárcel japonesa. Es por eso que la repatriación es un mecanismo vital, que debe ser implementado con mayor diligencia.

La Senadora Alexandra Moreno, en un debate que se llevó a cabo en el Congreso de la República en el año 2004[17], hace referencia a las fallas en los mecanismos de repatriación, concretamente con relación al Tratado de Colombia con Panamá. Afirma la Senadora que esas fallas afectan a los dos Estados por igual, porque los dos padecen de hacinamiento en sus cárceles. Propone entonces para solucionar el problema que los presos colombianos en el exterior puedan repatriarse al cumplir las dos terceras partes de la pena y obtengan al llegar al país la libertad condicional.

Añade que desde abril de ese año se habían puesto en conocimiento de la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco, las dificultades que se presentaban con el Tratado y se había elevado la solicitud de que Colombia cumpliera con el Convenio, sin obtener respuesta. Dice además que 320 connacionales calificaban para la repatriación, pero se las habían negado y expone que estas personas presas necesitaban saber qué podían esperar: “No tienen ellos entonces ninguna respuesta del gobierno colombiano. Sienten en términos generales que hay ausencia de Estado, que necesitan más apoyo de las Embajadas y los Consulados, porque los funcionarios que nos representan, que representan a los colombianos, sobre todo ellos que necesitan un apoyo directo, un apoyo jurídico, un apoyo social, no los sienten como su casa”[18].

Participa también en el debate Hernán Posada, un inmigrante colombiano que reside en Panamá: “Nosotros los inmigrantes somos unos fantasmas, no contamos para nada con el Estado, no somos objeto de crédito ni tenemos acceso a la seguridad social…el caso de los detenidos es quizás el más agudo, porque ellos tienen todo en contra a la hora de definir su situación jurídica a pesar de que existe un Tratado, una Ley que lo corroboró posteriormente en el año de 1996…El Tratado, más que favorecernos, nos afecta”[19], en el sentido de se sienten estafados, pagando una pena en otro país cuando tienen derecho de hacerlo en Colombia.

El Cónsul colombiano en La Habana, Luís Guillermo Becerra, denuncia que nueve de los internos que están en ese país ya cumplieron el tiempo suficiente de la pena para demandar su derecho a la repatriación, pero que por el fallo de la Corte Constitucional fundamentado en el hacinamiento en las cárceles colombianas, el proceso no se pudo llevar a cabo. El gobierno cubano acordó entonces con el colombiano la figura de la Expulsión Potestativa y Gradual, que confiere el carácter de pena cumplida.

Hay muchos ejemplos de otros Estados del mundo que también han firmado convenios bilaterales para la repatriación de los presos a su país de origen. Llama la atención el caso de México, pues desde Organismos No Gubernamentales, como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se elaboran proyectos de ley con el objetivo de que esta herramienta sirva para unir de nuevo a las familias de los presidiarios, una vez repatriados. Un ejemplo de estas propuestas es la de que los niños mayores de 6 años y menores de 11 puedan estar 15 días con sus madres reclusas durante el tiempo de las vacaciones escolares[20].

Isabel Caicedo, del Viceministerio del Interior y de Justicia, afirma que desde hace cuatro años no se aprueban repatriaciones por las razones arriba consignadas. Sin embargo ella misma suministra para esta investigación un cuadro que se anexa aquí, que por una parte contradice sus palabras, y por otra, es contradictorio en sí mismo. No se entiende porqué, por ejemplo, según los datos del cuadro, en el Tratado con España en el año 2008 se habla de 18 solicitudes de repatriación y 65 en trámite, cuando en el 2007, como se puede observar, se habían aprobado todas y no quedaba ninguna pendiente. O en el Tratado con Panamá en el año 2007 se reporta que se recibieron 29 solicitudes y una en trámite, que tampoco se sabe de donde viene porque al parecer en el 2006 se habían resuelto todas, y se aprueban 58, con un saldo final para el año 2007 de 88 repatriaciones aprobadas. Con Venezuela es aún más difícil de comprender, pues para el año 2006 se reporta una solicitud de repatriación, pero se aprueban 23, para el 2007 no se recibió ninguna pero se aprueban 8 y para el 2008 se recibió una solicitud y las aprobaciones fueron 9. Como se vio anteriormente, uno de los requisitos para la repatriación es que el reo presente su solicitud por escrito. ¿Cómo puede darse entonces una situación en la que no se recibe ninguna solicitud pero se aprueban 8? Después de pedir las explicaciones pertinentes, que resultaron completamente insatisfactorias, se decidió la consignación de estas cifras en este trabajo, tal cual las emitió el Comité de Repatriación[21]:

 

Conclusiones y Recomendaciones:

Desde hace varias décadas se ha incrementado el flujo de migración de colombianos hacia el exterior, lo que ha generado nuevos retos para las oficinas consulares de Colombia en el mundo. Así como ahora hay miles de connacionales trabajando, estudiando, integrándose a las sociedades de los países a los que llegan, también hay miles de ellos en cárceles extranjeras.

La conclusión que se saca después de revisar la legislación existente, en contraste con la realidad que reportan fuentes como Organizaciones No Gubernamentales, movimientos políticos como Mira, abogados dedicados a atender este segmento de la población y las mismas familias de los reclusos, así como varios funcionarios de los Consulados de Colombia alrededor del mundo, es que las condiciones en las que viven los presos son, en general, lamentables. Sus derechos son permanentemente vulnerados, soportando además el estigma de narcotraficantes con el que son calificados los colombianos en muchos países.

Aspectos básicos como un lugar decente para dormir, un plato de comida sana o la atención primaria a la salud se convierten en lujos inaccesibles para ellos, que además soportan hacinamiento, maltrato y demoras inexplicables en la resolución de sus procesos. Por otra parte, al estar en lugares distantes, no reciben visitas de sus familiares o amigos, lo que agrava anímicamente la situación.

El papel de los Consulados colombianos queda aquí en entredicho. La asesoría jurídica que deben prestar a esta población es escasa y la defensa de los derechos de los presos en los países en los que estos deben pagar condenas es débil. No son simples deberes de buenos samaritanos lo que deben cumplir estas oficinas, sino obligaciones a la ley, tanto interna como a nivel universal. Es importante que el Estado encare un debate fuerte frente al tema y fortalezca la exigencia a los otros Estados de que respeten la dignidad de estos colombianos que se encuentran en situaciones tan penosas.

Los Tratados de Repatriación que ha suscrito Colombia con cinco naciones han buscado que estas personas vuelvan al país, considerando que la resocialización es más fácil si el reo se encuentra en su medio de origen, sin que se de un rompimiento tan grande con su cónyuge e hijos. Sin embargo, este mecanismo no está funcionando como debiera, por una parte por falta de recursos estatales, pero por otra por franca negligencia. La misma información y las cifras que presentan los dos Ministerios encargados del tema, el del Interior y de Justicia y el de Relaciones Internacionales es contradictoria y vergonzosamente pobre. Sin datos confiables es imposible formular una política pública coherente y útil para las poblaciones afectadas.

En suma, las personas que han cometido un crimen deben pagar por ello pero deben hacerlo en condiciones dignas, respaldadas por las garantías del debido proceso, que es un derecho fundamental de carácter universal. Y el Estado colombiano sigue siendo el responsable de que esto suceda, pues esta población no ha perdido su condición de ciudadanía.

 

Bibliografía

  • Aranguren Molina, Mauricio, “El Cambiazo”, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 2000
  • Azzolinni Bíncaz, Alicia Et Al., “Los Derechos Humanos en la Prisión”, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 1997
  • Ceballos, Marcela y Múnera, Liliana, “Las Repatriaciones: obstáculos, retos y alternativas para alcanzar la integración local. Estudios de caso de las repatriaciones de personas en situación de desplazamiento en diciembre de 2003, desde Jaqué-Panamá hacia Juradó-Colombia”, Documento de CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 2003
  • “Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988
  • “Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas”, Consejo de Europa, 21 de marzo de 1983Curry, Philip A. (Simon Fraser University) and Klumpp, Tilman (Emory University), “Statistical Discrimination in the Criminal Justice System: The case for Fines Instead of Jail”, American Law and Economics, Association Annual Meetings, Paper 50, April 2007
  • Gacetas del Congreso de la República de Colombia número 841 del 22 de diciembre de 2004 y número 650 del 12 de diciembre de 2006
  • Leyes colombianas 285 de 1996; 250 de 1995; 291 de 1996; 404 de 1997 y Acuerdo 2584 de 2004
  • Lobo-Guerrero, Catalina, http://portal.conexioncolombia.com/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=93041 
  • “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento al Delincuente de 1955, Resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977

 

Fuentes directas

  • Encuestas a los Cónsules colombianos en Buenos Aires, Argentina; La Habana, Cuba; San Fernando de Atabapo, Amazonas, Venezuela; Aruba, Antillas Holandesas; Kingston, Jamaica; Colón, Panamá; Nueva Loja, Ecuador (tiene también jurisdicción en la cárcel de Tena); Esmeraldas, Ecuador; Asunción, Paraguay y Boston, Estados Unidos (tiene también jurisdicción en las prisiones de los Estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island y Massachussets)
  • Entrevistas y datos proporcionados por Jorge Alfredo Díaz, de la Dirección de Asuntos Consulares, Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Entrevistas y datos proporcionados por Isabel Caicedo, del Comité de Repatriación, Viceministerio del Interior y de Justicia
  • Entrevistas con Senadora Alexandra Moreno Piraquive, Margarita Diago y Edison Díaz, del Movimiento Mira
  • Entrevista con el abogado Hugo Marín, de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, quien ha trabajado con presos colombianos en el exterior
  • Entrevista con el abogado Héctor Reyes, de Catholic Relief Service, quien trabaja con presos colombianos en el exterior y con repatriados y deportados
  • Entrevistas con Fredy Cardona, Director Ejecutivo de la Pastoral Penitenciaria Católica
  • Entrevista con Ana Georgina Charry, quien trabajó en el Consulado colombiano en Londres y tuvo mucho contacto con los presos colombianos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 comentarios
  1. WVER FABIAN HERNANDEZ MORENO
    WVER FABIAN HERNANDEZ MORENO Dice:

    Respecto a la situación de presos en el exterior debemos comenzar por decir que el sistema carcelario Colombiano no es el mejor, además la problemática tanto para extranjeros en su mayoría esta relacionado con el Narcotrafico. Según el periódico el espectador el 72% de los extranjeros detenidos en Colombia son por delitos relacionados con Narcotrafico. Por otra parte el caso de Ismael Arciniegas, un vallecaucano detenido en el año 2010 en China por llevar cuatro kilos de droga. Este hombre fue ejecutado en este país en el año 2017 convietiendose en el primer Colombiano condenado a pena de muerte en China. La duda es que paso con los derechos de esta personas y en que hubiera podido intervenir la ONU y demás organizaciones que protegen los derechos humanos. Por ultimo es triste la situación de los detenidos Colombianos en los diferentes países,la violación de derechos y la negación del debido proceso según lo determina la ONU. Pero también surgen muchas preguntas de porque van a estos lugares a cometer delitos. Respecto al consulado Colombiano estoy de acuerdo con lo que se dice en el texto donde se debe modificar para facilitar los procesos con los detenidos en los demás países.

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  2. Helmut jhonatan Salamanca mendez
    Helmut jhonatan Salamanca mendez Dice:

    Yo soy colombiano, tengo 30 años y estoy preso en México»cancun»es deprorable como si no te estas muriendo te dan la atención medica adecuada,yo como todos los colombianos que estamos presos en diferentes cárceles de el mundo,le exijo a el consulado de cada país este mas al pendiente de la salud de nosotros,somos colombianos independientemente de el error que hubiera cometido cada uno de nosotros.dejo mi nombre para que constaten que no digo mentiras..

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  3. Liliana Carvajal gutierrez
    Liliana Carvajal gutierrez Dice:

    Buenas noches soy Liliana Carvajal tengo una hermana presa en Japón su condena fue de 16 anos el cual lleva 5 anos
    En estos momentos su salud no se encuentra bien pues está asimilando la muerte de mi mamá agritos pide un sicólogo o siquiatra y no lo hay y el otro problema es que ella tuvo los senos pyp y a ella se le estalló uno en tonces esto le trajo como consecuencia unos tumores en la cabeza y cara que le duele mucho ledan medicamento pero no la ve un especialista en tonces esto la tiene muy mal anemicamente
    Respecto ala embajada no podemos hablar muy bien
    Yo leí de un acuerdo en Japón de una vídeo llamada y tampoco pasa nada

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